Ahora es cuando

*Publicado en El Norte el 8 de abril del 2012

En los últimos meses, y gracias a acciones como las de las ciudadanas Dinorah Cantú y Sara Luz Sánchez, quienes se ampararon contra la separación definitiva de Ivonne Álvarez de la Alcaldía de Guadalupe, ha empezado una discusión abierta alrededor de la legalidad y la moralidad del “chapulineo”.

Al revisar el marco jurídico que contiene a este tema, se encuentra que efectivamente es inconstitucional que un Alcalde solicite licencia para buscar otro cargo, como también son los casos de Benito Caballero y Fernando Larrazabal; sin embargo, es totalmente legítimo si se renuncia a la Alcaldía.

El Artículo 5 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos indica que los puestos electorales pueden ser obligatorios, según marcan las leyes respectivas al mismo. Al revisar la Ley Orgánica de la Administración Pública Municipal para el Estado de Nuevo León, se encuentra que los cargos de Presidente Municipal, síndicos y regidores son obligatorios y sólo pueden ser renunciables por razones que justifique el propio Cabildo -el Ayuntamiento no cuenta con la facultad de conceder licencias.

No obstante, a pesar de su legalidad y del derecho que fervientemente defiende Ivonne Álvarez de buscar puestos de elección popular, es importante que se considere el aspecto ético y moral. Hace tres años, Álvarez y Larrazabal se comprometieron ante la ciudadanía (a través de las cámaras de Grupo REFORMA) a ocupar la Alcaldía hasta el último día de su mandato constitucional. Es decir, cumplir con el trienio.

Ahora, a escasos seis meses de que concluya su mandato municipal, ambos desecharon e ignoraron el compromiso hecho con la ciudadanía que los eligió y buscan un puesto en las Cámaras legislativas. Argumentaron defender sus derechos y su compromiso con los partidos a los que pertenecen para lograr esquivar su promesa hecha a la ciudadanía y seguir su interés personal y partidista.

Esto demuestra que el problema de fondo no se encuentra en la falta de compromiso de los funcionarios, sino en un sistema político que fortalece los intereses partidistas y no los ciudadanos.

Apenas el miércoles pasado, Larrazabal declaró que si su partido lo convoca a otro cargo de elección popular dejará su controvertida Diputación (esto es, en caso de ganar la elección) para ir en pos de él. Pero, ¿que pasará si sus representados que votaron por él lo convocan a quedarse?

Seguramente hará oídos sordos, como ahora, y responderá únicamente al partido, pues el sistema político actual está diseñado para minimizar el poder ciudadano y fortalecer los caciquismos y élites partidistas. El partido le garantiza trabajo después de su Diputación y el electorado no.

En términos simples, el esquema actual funciona de la siguiente manera: Durante la época preelectoral, el precandidato busca el reconocimiento de su partido para lograr la candidatura, lo que ocasiona que sus acciones sean alineadas a los intereses de su partido. Durante la época electoral, la ciudadanía entra en la ecuación y el candidato realiza promesas irreales o que previamente saben que no cumplirán, para lograr obtener su voto. Una vez que son electos, los gobernantes olvidan a su electorado (y los compromisos hechos) y buscan cumplir con el interés partidista para garantizar alguna futura posición en el sector público.

Este sistema fue creado en un periodo autoritario, donde era importante generar disciplina en la clase política. Por esta razón, se fortaleció al partido oficial para contar con los suficientes mecanismos para garantizar su unidad.

Sin embargo, México y su ciudadanía han evolucionado. Nos encontramos en una construcción democrática con una ciudadanía cada vez más interesada y participativa en la agenda pública que demanda una transformación del sistema político para debilitar el poder partidista y permitir que los gobernantes respondan a los intereses ciudadanos.

Esfuerzos de varios legisladores impulsados por grupos ciudadanos como Reelige o Castiga han logrado posicionar el tema de la reelección como una posible solución a este tema. A través de la reelección se empodera al ciudadano y se debilitan las cúpulas partidistas al ofrecer la oportunidad de que el ciudadano garantice el empleo del político si su desempeño los satisface.

La reelección no sólo permite que la democracia se ejercite y que el interés ciudadano sea factor decisivo en las decisiones de los legisladores y gobernantes, sino también que funcione como un mecanismo de limpia, donde sólo aquellos con buen desempeño son electos para continuar su labor en el sector público.

A pesar de que los esfuerzos para instituir la reelección han sido bloqueados por grupos partidistas en varias ocasiones, hay razones para ser optimistas. La declaración del ex Alcalde de Monterrey también nos demuestra que el electorado es cada vez más exigente y hace valer los compromisos realizados por el político, quien empieza a pensar dos veces antes de prometer.

Debemos de ser optimistas porque en esta época electoral es cuando los políticos se muestran interesados en el ciudadano. Exijamos que los políticos se comprometan con el empoderamiento ciudadano a través de la reelección y votemos por quien creamos que pueda impulsar estas reformas. Una vez electos, sigamos el ejemplo de Dinorah o Sara Luz, ya sea por nuestros esfuerzos o apoyando causas ciudadanas como Reelige o Castiga, y logremos que los gobernantes y legisladores cambien su conducta para respondernos a nosotros los ciudadanos.