*Publicado en El Norte el 1 de marzo de 2013
Con la detención de Elba Esther Gordillo, acusada de delitos de lavado de dinero y delincuencia organizada, por el presunto desvío de mil 978 millones de pesos, el Gobierno de Enrique Peña Nieto logró pegarle a dos pájaros de un tiro.
Por un lado, se echó a la bolsa la confianza de millones de mexicanos que en un principio estaban escépticos sobre su Gobierno y sobre el nuevo PRI.
EL NORTE publicó una encuesta en la que el 78 por ciento de los consultados aprobó la detención de “La Maestra”, y las redes sociales mostraron prácticamente unánime agrado por esta acción.
También el Gobierno federal dio un sólido golpe al PAN al mostrar que los gobiernos priistas pueden ser capaces de gobernar con eficacia, contundencia y coordinación, pues en cuestión de meses preparó y realizó la detención de la líder sindical del SNTE, suceso que los mexicanos esperamos en vano durante los 12 años de gobiernos panistas.
El arresto de Gordillo debe aplaudirse sin echar campanas al vuelo, pues la gran batalla aún está lejos de ganarse: México requiere de una educación efectiva que ofrezca a la niñez y juventud una formación académica que los dote de las herramientas necesarias para sobresalir en un contexto internacional. La detención de Gordillo por sí sola no lo garantiza y es por eso que el Gobierno de Peña Nieto debe enfocarse en dos puntos medulares.
El primero es lograr una profunda reestructuración del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación.
Como mencionó Claudio X. González, presidente de Mexicanos Primero, es necesario un cambio sistémico en materia educativa. El arresto de Gordillo no debe convertirse en sólo la remoción de una cabeza sindical y repetir lo sucedido con el Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana (donde el cacicazgo sindical de facto de Joaquín Hernández Galicia fue eventualmente reemplazado por Carlos Romero Deschamps).
Al contrario, su detención debe ser el primer paso para un cambio trascendente en esta materia, combatiendo la corrupción en todos los niveles del SNTE para que los recursos sean efectivamente invertidos en una educación con calidad.
El segundo: el Gobierno de Peña debe seguir su propio discurso al perseguir a todo aquel líder sindical, funcionario público o ciudadano que se haya enriquecido de manera ilícita.
Para evitar el nacimiento de futuros cacicazgos en el sector educativo, como el de Elba Esther Gordillo, el Gobierno federal debe atacar la corrupción en todos los niveles.
Perseguir a personajes como Gordillo, pero dejar impunes a otros como Humberto Moreira o Romero Deschamps, haría vano el esfuerzo de la Administración peñista, pues sería ilógico querer acabar con la corrupción en materia de educación si se tolera en otras instancias.
Un Estado de Derecho sólido será posible sólo con un esfuerzo contundente y coordinado que ataque la corrupción en todos sus niveles, no sólo donde mejor favorezca en términos políticos.
Son tareas complicadas, pero el arresto de Gordillo nos dejó claro que cuando el Gobierno quiere combatir la corrupción, se puede. Sólo es cuestión de querer acabar con la impunidad.
Por ejemplo, el Gobierno de Felipe Calderón optó por ser cómplice de Gordillo y no perseguirla. Durante su sexenio, “La Maestra” se fortaleció y tuvo influencia en las políticas nacionales, tanto, que su yerno fue Subsecretario de Educación Básica.
Las recientes afirmaciones de Ernesto Cordero sobre que nunca se tuvo indicios de enriquecimiento ilícito y por ello no se buscó su detención demuestran la permisividad de la corrupción en la Administración calderonista.
Simplemente el vestir y el comportamiento diario de Gordillo hacían más que evidente que su salario declarado de 80 mil pesos mensuales no era suficiente para cubrir esos gastos.
En contraste, el Gobierno de Peña Nieto, en cuestión de meses, armó un expediente capaz de encarcelarla y evitar que resultara en un intento fallido, como lo sucedido con Jorge Hank Rhon bajo el mandato de Calderón.
Esperemos que el fondo detrás de este arresto no sea sólo mandar un mensaje a los liderazgos corruptos de la clase sindical, sino el comienzo de una etapa de persecución continua y efectiva de la corrupción en nuestro país. Sólo así podremos aspirar a cambios trascendentales.