*Publicado en El Norte el 2 de febrero de 2013
Prácticamente durante todo enero, el País vivió sucesos que han ocupado no sólo los encabezados nacionales de las noticias, sino también los internacionales.
El IFE exoneró al PRI de usar una red de empresas pantalla para diluir el origen del dinero detrás de las tarjetas Monex que se distribuyeron para comprar votos entre el electorado, acrecentando la política clientelista y dañando las bases democráticas del País.
La liberación de Florence Cassez llamó literalmente la atención de medio mundo y generó un intenso debate al interior del País, mientras que -en otro suceso que nos interesa como país- en Estados Unidos la discusión por una reforma migratoria, por fin acordada entre los dos partidos principales, entró al primer plano.
Pero en el último día del mes, justo un día antes de que iniciara el segundo periodo ordinario de sesiones de la actual Legislatura, en el que se discutirá la reforma energética, sucede un hecho que aterrorizó al País: un estallido en el complejo administrativo de Pemex en la Ciudad de México, que hasta ayer dejó 33 muertos y más de 100 heridos.
Las imágenes de lo sucedido trajeron el recuerdo del sismo de 1985 y el hecho provocó inmediatamente teorías de la ciudadanía y medios sobre las razones de lo sucedido. El Presidente Enrique Peña Nieto pidió no especular y esperar a los resultados de los peritajes.
Sin embargo, sobre este episodio tan inesperado como trágico podemos hacer dos grandes observaciones.
La primera es que, en el peor de los escenarios, el incidente se trató de un atentado que amenaza inevitablemente la posible reforma energética. Si así fuera, esto denotaría (aparte de la insensibilidad para cobrar vidas humanas) la falta de tolerancia y respeto a los valores democráticos en nuestro País.
Demostrar a través de un gravísimo atentado la oposición a la reforma indicaría la falta de capacidad de diálogo, discusión, habilidad de llegar a acuerdos y, sobre todo, el respeto a las instituciones democráticas en las que las decisiones son alcanzadas por consensos y mayorías.
Si la explosión en el edificio de Pemex se trató de un atentado, esto nos diría que en México hay minorías que no creen en la esencia democrática, y que a través del terror y la violencia buscan impedir que nuestras instituciones maduren y se consoliden.
La segunda observación es que, más allá de especular sobre la naturaleza de este acontecimiento, podemos usarlo para entender que hay sucesos que son inesperados, pero que tienen un gran impacto en las decisiones gubernamentales.
Así como sucedió con el Presidente Felipe Calderón con la muerte de dos de sus Secretarios de Gobernación, la abrupta aparición de la influenza AH1N1 y los desastres naturales que marcaron grandes decisiones de su sexenio, igual sucederá en la Presidencia de Peña Nieto, quien se enfrentará con episodios imprevistos, capaces de influir el curso de su gestión.
Como organismos internacionales, expertos y líderes lo han argumentado, México está urgido de reformas estructurales que le permitan ser un país más dinámico, flexible y capaz de ajustarse y aspirar a estar a la vanguardia en el escenario económico internacional.
Sin embargo, la consecución de las reformas pueden ser afectadas por eventos súbitos que ocasionen un cambio en las variables de negociación, en la atención de los distintos actores políticos, en el diseño mismo de las reformas o en las demandas de la ciudadanía.
Por esta razón se requiere que el Presidente y su equipo tengan la capacidad de impulsar (a través de las instituciones y de una manera democrática) estas reformas para su discusión en el Legislativo, pese a imprevistos que puedan cambiar la atención hacia distintos temas. Ahí es cuando el Primer Mandatario demostrará su capacidad de liderazgo.
Entre los escándalos y especulaciones de enero, como ciudadanos debemos vivir y respetar los valores democráticos para consolidar nuestras instituciones, y el Presidente debe encontrar soluciones que allanen el accionar de la administración pública de nuestro País, forjar alianzas políticas y atender imprevistos para impulsar el crecimiento económico y el desarrollo social de México, y que sean estos temas los que atrapen los encabezados en los medios nacionales e internacionales.