*Publicado en El Norte el 19 de octubre del 2013
Los Diputados federales avalaron la propuesta de Enrique Peña Nieto de gravar las bebidas azucaradas, que no sólo incluyen refrescos, sino también concentrados, polvos, jarabes y líquidos saborizados con altos índices de azúcar. Alegan atacar el problema de obesidad que padece el País.
A mitad de año, México alcanzó el alarmante liderato mundial en obesidad. El 32.8 por ciento de los adultos la padece.
Datos de la American Heart Association señalan que, en promedio, cada mexicano consume 163 litros de bebidas azucaradas al año, es decir, casi medio litro de refresco todos los días del año.
Esto trae consigo costos incalculables en términos de salud, ya que la obesidad desarrolla males crónicos como hipertensión, diabetes y cáncer.
Sin embargo, hay un gran detalle que no vieron (o no quisieron ver) los promotores de la propuesta: por sí mismos los impuestos jamás resolverán este problema.
Es contradictorio que el Gobierno use este argumento para subir el gravamen sin una estrategia en el tema de salud que reduzca el problema de obesidad.
En un breve análisis podemos plantar cuatro puntos para ver el problema.
Primero: hay que repensar y ordenar el concepto de “alimentación” en las escuelas y su periferia.
Aunque en el 2010 los legisladores prohibieron la venta de comida “chatarra” en los planteles, es común ver al vendedor de dulces en la entrada o tiendas de conveniencia a corta distancia donde abunda todo tipo de fritos, refrescos, dulces y similares. Imagine la cantidad de calorías en un estante de estas tiendas listas para ser devoradas por niños y jóvenes.
Esto requiere que se establezcan normas claras sobre la venta de estos productos dentro y alrededor de las escuelas.
¿Y qué hay de la enseñanza en las mismas aulas sobre este tema? Urge una modificación completa de las materias en temas de nutrición y deportes.
El nuevo currículum debe diseñarse para que estudiantes y papás conozcan del tema y esto les llame a generar hábitos saludables. No es de un día para otro, pero hay que empezar por algún lado y qué mejor que por la escuela.
Otra idea dentro de este punto es que lo recaudado con los ingresos por el impuesto en bebidas y comidas “chatarra” debería destinarse a adaptar en el País modelos estadounidenses y europeos para ofrecer alimentación gratuita. Un dato de la American Heart Association es revelador: siete de cada 10 niños en comunidades rurales desayunan con refresco.
Segundo punto: invertir fuertemente en la provisión de agua potable.
En términos de calidad de agua, México estaba en 2010 en el lugar 106 de 122, según la ONU. Cifras de Conagua muestran que el 9 por ciento de la población no tiene acceso a agua potable.
Por ello familias de bajos recursos optan por refrescos, ya que están “limpios” y son más baratos que hervir el agua (¡imagine el costo del recibo del gas!).
Tercero: regular la venta informal de comida “chatarra”.
El Gobierno golpea a las empresas que sí pagan impuestos y generan empleos formales, pero hace como que no ve la venta de aguas frescas, dulces, chicharrones, en prácticamente cualquier calle del País. ¿Cuánta azúcar le gusta que haya en un vaso de medio litro de horchata?
Cuarto: invertir en el deporte. Es imposible luchar contra la obesidad sin la promoción de esta disciplina.
Es urgente la inversión en programas deportivos de alta calidad, y en el rediseño de las clases de educación física (que por supuesto no son sólo salir al recreo a estirar las piernas u “orearse”, como parece ser el caso en muchas escuelas), siguiendo modelos mundiales efectivos.
Da la impresión de que el Gobierno ondea mañosamente la bandera de la obesidad sólo para ensanchar sus arcas (12 mil millones de pesos) y no para atacar un problema que, por sus claros síntomas, debe ser atendido desde ya.