Reforma mal alineada

*Publicado en El Norte el 28 de septiembre del 2013

El objetivo principal de una reforma tributaria es aumentar la cantidad de recursos de los que dispone el Gobierno.

Sin embargo, el régimen fiscal funge también como el principal instrumento para crear estímulos que propicien el crecimiento económico.

La actual propuesta de reforma hacendaria se enfoca meramente en obtener la mayor cantidad de dinero posible de los ciudadanos e ignora la oportunidad para crear los mecanismos que impulsen el desarrollo económico de nuestro País.

Cifras del Consejo de la Comunicación indican que las micro, pequeñas y medianas empresas (Mipymes) constituyen el 90 por ciento de las empresas en México, generan el 42 por ciento del empleo y contribuyen al 83 por ciento del Producto Interno Bruto.

No obstante, a pesar de ser el principal motor económico del País, la reforma hacendaria propone tres grandes cambios que crean un ambiente hostil para la inversión privada y limitan el emprendimiento.

Primero, la reforma fomenta mayor inseguridad para el empresario a invertir en capital de riesgo; se castiga la inversión con el incremento del ISR y con el gravamen a las ganancias en la Bolsa Mexicana de Valores y dividendos.

Adicionalmente, se elimina la deducción inmediata de inversión aumentando el costo y riesgo de la misma, un incentivo que los emprendedores catalogan como una gran herramienta para que empresarios inviertan en el corto plazo.

Segundo, se incorpora responsabilidad personal ante el fisco por adeudos de la compañía, lo que ocasiona que el empresario dude en invertir en nuevas empresas, pues cualquier error de la misma puede repercutir en su persona.

Tercero, se incrementan los costos de contratación creando barreras para la generación de empleo. Una empresa puede soportar un nivel mayor de fiscalización siempre y cuando el Gobierno cubra, con los impuestos pagados por la misma, los costos directos sobre el empleo como la seguridad social.

En cambio, nuestro Gobierno propone, encima de aumentar los impuestos, disminuir la deducibilidad de prestaciones y exigir el pago de indemnizaciones, que la empresa cubra los gastos sociales del empleado al incorporar de manera obligatoria el seguro social universal.

Esto ocasiona un aumento en el costo por empleado para la empresa, limitando su capacidad de crecimiento y, por ende, su impacto en la generación de empleos.

Habrá que agregarle a estos tres puntos una caída en el poder adquisitivo de la clase media con los nuevos impuestos en temas como las colegiaturas e hipotecas. Esto repercute directamente en una disminución en el consumo de bienes y servicios, frenando el crecimiento de las Mipymes y la generación de empleos en México.

Es cierto, existen numerosos mecanismos diseñados por el Instituto Nacional del Emprendedor para promover el emprendimiento. Aun así, es contradictorio incrementar las barreras de entrada con esquemas fiscales y usar estos recursos para impulsar la inversión con programas, pues éstos no están al alcance de todos y requieren de trámites y burocracia, creando un costo adicional para el emprendedor.

No tratamos un tema que nos disguste por el incremento en impuestos, sino por la manera en que se propone realizar. En lugar de mejorar, se empeora el esquema actual para la creación de empleos. Todo esto sin proponer y mucho menos practicar una política de responsabilidad financiera.

El Gobierno no ha expuesto una estrategia práctica de cómo reducir su gasto excesivo tanto que el Centro de Investigación Económica y Presupuestaria (CIEP) menciona que, con el paquete económico propuesto por el Gobierno federal, el 2014 será un año más con déficit presupuestal, endeudando al País por encima del crecimiento económico.

El Presidente ha prometido un esfuerzo para corregir este punto, pero parece indicar que será igual al plan de ahorro de nuestra Alcaldesa Margarita Arellanes: nulo e inexistente.

Si la Administración actual busca transformar a México debe comenzar por crear los incentivos necesarios que generen inversión, empleo y riqueza, aunado a una estrategia de gasto e inversión gubernamental que repercuta directamente en nuestra calidad de vida.