Aferrados al poder

*Publicado en El Norte el 17 de noviembre del 2015

Descaradamente y como un niño que no aprendió su lección, los partidos políticos defienden su acuerdo sobre la propuesta de la Ley de Coordinación Hacendaria y la eliminación gradual de la tenencia.

Los ciudadanos vemos esa postura como una confirmación del porqué votamos para que salieran del Palacio de Cantera.

Los partidos tienen una descarada enfermedad por el poder que demuestran por la facilidad con la que redujeron los ingresos del Estado por 8 mil 147 millones de pesos, además de la reacción explosiva al veto del Gobernador al amenazar ahora el PRI con eliminar de golpe la tenencia.

Tan desesperados están por recuperar su poder que ponen en riesgo el futuro del Estado para que la ciudadanía se decepcione de los Gobiernos independientes y vuelva a dar su confianza al sistema que nos trajo aquí en un principio.

Por eso su prestancia al acordar una ley que, como mencionó Fricasé en una columna reciente, busca estorbar, entorpecer y agravar la problemática financiera que vive nuestro Estado.

Tocará a los ciudadanos pagar los platos rotos mientras los partidos y sus municipios despilfarran el dinero con sobrepagos en obras mal hechas, fortalecen sus redes clientelares, lanzan campañas de mercadotecnia para esconder su mal gobierno o gastan ilegalmente millones de pesos para el posicionamiento electoral de un partido o candidato.

No les importa, pues conocen el proverbio africano que dice: “la mano que da es la mano que gobierna”.

Por eso, ante la falta de poder sobre el presupuesto estatal de más de 68 mil millones de pesos, los partidos utilizan los instrumentos a su alcance para tener ellos más control sobre los fondos públicos.

El dinero proveniente de la Federación es distribuido mediante ciertas reglas a los municipios a través del Estado, pues le permite a éste mantener cierto poder sobre ellos.

Ante la modificación de ese mecanismo, los partidos desean ahora tomar mayor control de los fondos federales y reducirle poder al Gobierno estatal con el fin de trasladarlo al propio Congreso y a los municipios que gobiernan.

No está mal fortalecer económicamente los ingresos de los municipios. Lo que no está bien es hacerlo a costa de la urgente necesidad de corregir los errores de las pasadas administraciones estatales (de las cuales ellos fueron partícipes) y querer que el Gobierno tropiece para que asuma la paternidad del desastre financiado que le heredaron.

Peor aún, quieren debilitar al Estado para otorgar los recursos a municipios que no han demostrado con razonamientos que requieran de ese dinero.

No sabemos cómo, cuándo y en qué será gastado ese dinero y, sobre todo, no tenemos información que nos permita entender cuál es la prioridad de las obras municipales contra el uso que se le daría a esos recursos en el Gobierno estatal.

Queda claro que los impulsores de la Ley de Coordinación Hacendaria no buscan el bienestar de Nuevo León en lo absoluto, sino su debacle.

Quizá los partidos vean eso como un logro, pues les permitiría arrebatar y aferrarse de nuevo al poder.

A lo que se ciegan, sin embargo, es a entender por qué ninguno de los dos grandes partidos cuenta con la Gubernatura y que se encuentran ahora ante una ciudadanía que ha demostrado de manera contundente su hartazgo con esas prácticas y que tiene mucha más conciencia respecto a quien elige como su gobernante o legislador.

A partir de su llegada, la ciudadanía se beneficia del esfuerzo de un Gobierno independiente que, a diferencia de los anteriores, busca introducir transparencia para clarificar el cómo y el porqué de las decisiones públicas.

Es decir, que presenta a la opinión pública la realidad financiera del Estado y qué acciones tomará cada órgano para enfrentarla.

Precisamente esta coyuntura es la que hace que el “logro” de los partidos sea solamente un clavo más en su ataúd.