Transporte Público: una tarea de todos

Recuerdo en las aulas de mi posgrado escuchar a Michael Ignatieff, quien fuese líder opositor en el Congreso de Canadá y aspirante a Primer Ministro, decir una y otra vez durante el curso: “En un sistema democrático, la política es el arte de hacer lo impopular en donde se elige al más popular”.

Es fácil y políticamente oportunista irse con la opción más popular aunque sea, en muchas ocasiones, equivocada en el largo plazo.Tal es el caso de subirse a la tribuna y levantar pancartas oponiéndose al “tarifazo” o darle reversa al alza en la tarifa del transporte público.

Estudiar, entender e involucrarse en el problema es tarea de todos. El transporte es un tema complejo con al menos dos ejes centrales.

Por un lado, determinar la tarifa del transporte implica establecer condiciones que estimulen y hagan atractivo invertir en este servicio.

En un esquema donde los incrementos en los costos no pueden ser reflejados en la tarifa del servicio, se crean condiciones adversas para invertir en su mejora, perjudicando al usuario no sólo en su economía, sino en su calidad de vida.

La inflación anual ronda el 4 por ciento. El precio del diesel, principal insumo, ha aumentado un 17 por ciento desde enero del 2017. Las tasas de interés se han duplicado en los últimos tres años. Los salarios, el costo de refacciones y mantenimiento también han visto un incremento.

La tarifa no ha aumentado.

Es preferible que empresarios que han participado por generaciones en esta industria presten el servicio. La operación a través del Gobierno, con sus ciclos políticos y la complejidad de sus tareas, resultaría más onerosa.

Por otro lado, al usuario no le alcanza.

Hace algunos días escuché a unas personas tocar el tema con amplia preocupación. Mencionaron tener un ingreso que está comprometido en su totalidad para gastos como comida, techo y salud. Un aumento en la tarifa del transporte implicaría recortar gastos en estas necesidades básicas.

Es impopular e insensato proponer un aumento y trasladarlo al usuario. ¿Cómo hacemos lo impopular en un sistema que premia la popularidad?

Primero, los Diputados, el Gobierno y la misma iniciativa privada deben aceptar que un aumento en tarifa es necesario.

Segundo, se debe buscar que el usuario no cubra el aumento, ya que no tiene cómo pagarlo.

Un subsidio del Gobierno pondría mayor presión en las finanzas públicas y trasladaría el problema de una esfera a otra.

Los empleadores son los principales demandantes de este servicio, pues el uso principal del transporte se deriva del traslado del hogar al trabajo y viceversa. Un buen servicio de transporte impacta positivamente la productividad de los trabajadores.

Los empleadores (iniciativa privada y Gobierno) deben tomar el liderazgo y absorber el aumento en la tarifa aumentando 5 pesos el salario diario de sus empleados. Poco más de 25 centavos americanos.

Así resuelven el tema en el corto plazo y establecen la mesa para que juntos lo estudien y lo resuelvan en el largo plazo en beneficio de la calidad de vida y productividad de sus propios trabajadores.

El Gobierno debe dar prioridad al transporte público replanteando el uso del automóvil y el diseño urbano para darle prioridad a la movilidad.

Este tema no es ajeno a los municipios que gobiernan aquellos partidos que hoy se oponen al “tarifazo”. De ellos depende la infraestructura para ofrecer un mejor servicio.

Tampoco es ajeno al Congreso, quien crea la estructura legal del modelo de transporte. Mucho menos lo es al empleador, cuya productividad de sus organizaciones están ligadas a la calidad de vida y productividad de sus trabajadores, los usuarios del transporte público.

Con voluntad y liderazgo, la iniciativa privada puede hacer popular lo que parece impopular. Al final, la movilidad en la Ciudad no es un problema del Gobierno. Subsidiar la tarifa es subsidiar al empleador, no al usuario.